La deuda pública y el crowdlending son dos formas muy diferentes de invertir. La deuda pública de un país es el dinero que se pide prestado para cubrir el déficit del mismo. Estos recursos financieros son, junto a los impuestos y la creación de dinero, los métodos que emplea un estado para financiarse y pagar los altos costes de la administración. La emisión de deuda en España suele materializarse en letras, bonos y obligaciones gestionados por el Tesoro Público. A la hora de buscar en manos de quien está la deuda soberana, hay que mirar en primer lugar a los inversores no residentes, que a finales de 2020 acumulaban el 44,14% de la misma. En segundo lugar, se situaría el Banco Central Europeo que, a través de compras vehiculadas por el Banco de España, obtuvo el 27,26%. Por último, las entidades bancarias nacionales alcanzaron el 15,22%.
Los datos del primer trimestre de 2021 respecto a la deuda pública en España han estado fuertemente influenciados por la pandemia. Así, en los tres primeros meses del año, creció en 47.293 millones de euros hasta alcanzar un total de 1.392.733 millones. Igualmente, la deuda per cápita fue de 29,424 euros por habitante. El endeudamiento público se ha situado en el 125,3% del PIB, un porcentaje que superó con creces el 119,5% previsto. En cualquier caso, para encontrar cifras tan elevadas hay que remontarse a finales del siglo XIX, puesto que el récord anterior, de 1992, fue del 123,6%. En estos momentos, España solo es superada en Europa por Grecia (205,6%), Italia (155,8%) y Portugal (133,6%).
La letras tienen un vencimiento de 3, 6, 9 o 12 meses, mientras que los bonos son de 3 y 5 años y las obligaciones de 7, 10, 15, 20, 30 y 50 años. Para comprar deuda pública, hay que tener en cuenta el calendario de subastas y acudir al Banco de España, a un intermediario financiero o a la web del Tesoro
Lo cierto es que cualquier particular puede acceder a la compra de estos valores soberanos con el fin de que el país se financie y, al mismo tiempo, obtener una rentabilidad. En primer lugar, hay que tener presente el calendario de subastas de los valores del Tesoro, que marcará cuándo tienen lugar las subastas. Por otro lado, hay que tener en cuenta el tipo de valor. Las letras se liquidan a los 3, 6, 9 o 12 meses. El inversor pagaría un precio de adquisición y, transcurrido el vencimiento, obtendría el valor nominal o precio de amortización de la letra. En el caso de los bonos, el plazo puede ser de 3 o de 5 años; y en la obligaciones, de 7, 10, 15, 20, 30 y 50 años. La aportaciones de intereses de estos dos tipos de deuda se realiza anualmente por medio de cupones. En todos ellos, la inversión mínima es de 1.000 euros y aumenta conforme a sus múltiplos (2.00o, 3.000, 4.000…).
Existen varios canales para comprar deuda pública en el mercado primario. Es posible acudir a una sucursal del Banco de España con el DNI, los datos de la cuenta bancaria donde abonarán los intereses y el dinero que se quiere invertir. Para pagar, se nos da la opción de efectivo, cheque bancario, cheque conformado o sin conformar. A la cantidad que se desea invertir, hay que sumarle un depósito previo que deberemos consultar. También podemos acudir a un intermediario financiero, que puede ser nuestro propio banco, una cooperativa de crédito, una sociedad o agencia de valores o un miembro de la bolsa, ya que estos valores también cotizan. Internet es la alternativa más cómoda, peor antes de operar en la web del Tesoro, hay que estar en disposición de un certificado digital o DNI electrónico. En el mercado secundario, los canales operativos son los intermediarios financieros o un agente de bolsa.
La deuda emitida por un país, al tener a un Gobierno detrás, resulta muy confiable, salvo que se produzcan quitas de deuda. Sin embargo, el lado negativo es que la rentabilidad que ofrece a los inversores es muy exigua, e incluso, puede ser de carácter negativo
Letras, bonos y obligaciones son productos de inversión a plazo fijo, lo que significaría que cuanto menos tiempo se tiene el dinero inmovilizado, menor es la rentabilidad que se obtiene. Además, existe un mercado secundario que permite volverlos a poner a la venta antes de su vencimiento si se necesita liquidez. La gran ventaja de estos valores es que gozan de una extraordinaria confiabilidad, puesto que es el ente público quien está detrás de ellos, lo cual suele ser garantía suficiente de cobro. No obstante, puede darse el caso de que el Gobierno acuerde una quita de deuda, lo que afectaría directamente a los inversores.
Excepciones aparte, el riesgo de insolvencia de un Estado es prácticamente nulo. Esta seguridad y el hecho de que su riesgo crediticio sea bastante bajo lleva implícita una contrapartida, y es que su rentabilidad, en términos generales, es muy limitada. De hecho, según datos mensuales del Banco de España, tanto las letras como los bonos arrojaron rendimientos negativos en junio. Solo las obligaciones lograron algo de rédito, pero por debajo del 1,5% incluso las marcadas a 30 años, lo que resulta muy poco atractivo. Si se tienen conocimientos financieros más profundos, es posible sacar un mayor partido vendiéndolos en el momento idóneo. En general, se trata de activos refugio porque su rentabilidad está prefijada de antemano. Junto con los depósitos, son el producto de inversión favorito del ahorrador más conservador.
Aunque el crowdlending no tiene un respaldo tan potente, los riesgos se estudian de forma pormenorizada. En lo que no pueden competir la deuda pública y el crowdlending es en rentabilidad, ya que incluso el préstamo participativo menos rentable, supera con creces cualquier tipo de deuda
Las diferencias de la deuda pública frente al crowdlending saltan a la vista. En primer lugar, no hay un respaldo tan potente, pero las plataformas de financiación participativa, como es el caso de CIVISLEND, se cuidan bien de examinar concienzudamente a las empresas que llegan en busca de financiación. Se llevan a cabo hasta tres estudios antes de decidir publicar el proyecto en la plataforma: estudio preliminar, estudio de viabilidad realizado por un agente externo y un análisis del comité de riesgos. Es innegable que el riesgo es mayor, pero está muy controlado y en todo momento se opera con transparencia para que el inversor tenga toda la información necesaria y tome decisiones con criterio. Por otro lado, la brecha entre la rentabilidad de las letras, bonos y obligaciones frente a la que ofrecen las plataformas es enorme, siendo esta mucho mayor si el ahorrador cuenta con cartera diversificada.
Uno de los puntos en los que la deuda pública y el crowdlending sí podrían llegar a tocarse es en el aspecto del impacto económico. Mientras que financiando al Estado se ayuda al pago de pensiones o a la mejora de la educación o la sanidad, con el crowdlending se financia la economía real, reforzando el tejido empresarial del país. Los inversores más abiertos a la novedad, enseguida han sido conscientes de las ventajas del crowdlending, apostando por este producto y empiezan a recoger los frutos de sus inversiones. Aunque a los más conservadores les cueste más y sean más reacios a los cambios, sería interesante que analizaran la oportunidad de la financiación alternativa en comparación con la deuda pública. Conoce más sobre los procesos de análisis de riesgo aquí
