Los recién aprobados presupuestos generales de Estado (PGE) para 2023 prevén la movilización de una partida récord para el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación: 3.472 millones, un 5,4% más que en 2022. Sin embargo, esta histórica cuantía tiene truco. En realidad, 2.480 millones, casi el 71,5% del total, provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation. De este modo, solo 992 millones son de origen nacional. En cualquier caso, esta aportación por parte del Gobierno es más alta que la media del último lustro, alrededor de los 500 millones de euros. El alquiler es, sin duda, el gran beneficiado de las cuentas públicas, dado que concentrará inversiones importantes. También la rehabilitación recibirá una parte importante de la dotación prevista para el próximo año. Por otro lado, hay toda una serie de préstamos y subvenciones que tratarán de acelerar las actuaciones relacionadas con la vivienda.
El alquiler, el gran objetivo de los presupuestos
La mayor apuesta sigue siendo el alquiler. Aunque se espera un ajuste de los precios de venta ya en la recta final del año, la compraventa tenderá a la contención debido al encarecimiento de las hipotecas provocado por la subida de los tipos de interés. Es por ello que muchos ciudadanos recurrirán al arrendamiento hasta que se calmen las aguas, dilatando su paso de inquilinos a propietarios. Por otro lado, las familias con una situación más vulnerable, tendrán problemas para acceder al alquiler residencial a precios de mercado, por lo que impulsar el alquiler asequible será el gran caballo de batalla.
Uno de los grupos de población más desprotegidos continúa siendo el los jóvenes. El Bono Joven de Alquiler se prorrogará para promover el acceso de este segmento de la ciudadanía. No obstante, el gasto presupuestado en 2023 será igual que en 2022: 200 millones. Esto significa que habrá escaso margen de maniobra para que entren nuevos solicitantes, que recordemos que deben tener entre 18 y 35 años y contar con un empleo que les genere unos ingresos por debajo de tres veces el IPREM (24.318,84 euros al año). Esta ayuda de 250 euros al mes por un periodo máximo de dos años se ha trasladado de forma desigual en las comunidades autónomas. País Vasco y Navarra se quedaron fuera por tener una legislación propia. La mayoría de las regiones todavía está abierta a la recepción de solicitudes, mientras que Cantabria, Extremadura, Cataluña y Baleares ya han cerrado el plazo y Andalucía aún tiene pendiente la apertura de la convocatoria. Esta medida ha sido fuertemente criticada porque invita a subir de forma artificial los alquileres, dejando los 200 euros mensuales de ayuda sin efecto.
Aumentar la oferta disponible en este ámbito es clave, por ello se han puesto sobre la mesa 836 millones para promover la construcción de viviendas en alquiler social o asequible. Dentro de esta partida, 260 euros serán para la Entidad Pública del Suelo (SEPES), que desarrollará actuaciones para llevar a cabo promociones residenciales en suelos públicos. Esta cantidad es un 126% mayor a la puesta a disposición de este organismo en 2022, cuando gestionó 115 millones de euros. La previsión es que se construyan en 2023 más de 14.100 viviendas, lo que todavía está lejos de las 100.000 viviendas que se prometieron en campaña electoral. En este sentido, vuelve a ser primordial que se firmen acuerdos de colaboración público-privada y que se fomente la inversión institucional, que vive con la incertidumbre de una Ley de Vivienda que, si bien todavía está en trámite parlamentario, de materializarse provocaría una huida de la inversión.
La revisión del valor catastral afectará a los propietarios
Mientras que el alquiler gana protagonismo, la propiedad sale perjudicada. Y es que la otra cara de moneda que traen los presupuestos es la revisión del valor catastral de un total de 825.000 inmuebles. Se trata de una cifra elevada que repercutiría de forma directa en el pago de gravámenes tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza, más conocido como plusvalía municipal. Ambos tienen en cuenta este valor para liquidarse, anualmente en el caso del IBI y cuando se realiza la venta o la transmisión por herencia de la vivienda en lo que respecta a la plusvalía.
Pero este movimiento por parte del Gobierno está sujeto a varias lecturas. En primer lugar, aunque la intención del Ministerio de Hacienda sea la de revisar el valor de 825.000 inmuebles, la realidad es que la trayectoria de años pasados demuestra que es difícil alcanzar esta cota. Sin ir más lejos, en 2022 también se fijó el objetivo de llegar a los 825.000, pero tan solo se llegó al 19,5%, lo que supone algo más 161.000 viviendas. En los tres ejercicios anteriores, la meta se estableció en 500.000 por año. Solo en 2019 se llegó a abarcar el 78,5% de lo presupuestado, mientras que en 2021 se llegó al 37,1% y en 2020, en plena pandemia, apenas se lograron revisar cerca de 71.000 valores catastrales. Estos exiguos resultados no eximen de que, efectivamente, si a un contribuyente le revisan el valor catastral de su vivienda, pagará más por el IBI o la plusvalía, pero la subida queda muy diluida en el cómputo general.
Por otro lado, según el último informe anual sobre haciendas locales, correspondiente a 2019, en ese año se recaudaron 14.361.483 millones de euros en concepto de IBI en toda España, un -0,32% menos que 2018, mientras que la plusvalía alcanzó los 2.675.728 millones, un 1,96% más que en el ejercicio anterior. Esto significa que la financiación de los servicios públicos depende sobremanera del IBI, puesto que hace tres años supuso el 60,5% de media en las arcas municipales. Sin embargo, aunque el IBI es un elemento recaudatorio de primer orden, hay muchos ayuntamientos que prefieren no participar del trámite de la revisión catastral al alza, generalmente, por motivos electoralistas, dado que esta medida no es en absoluto popular y les resta empuje en las urnas. Además, en los últimos tiempos la brecha entre el valor catastral y el valor real se ha compensado, por lo que la revisión apenas causa impacto. Al margen de estos aspectos, lo que está claro es que los ciudadanos no reciben de buen grado que se eleve la carga fiscal que soportan por haber escogido comprar en vez de alquilar.
