La palabra sandbox (caja de arena en inglés) es uno de los mantras que repiten una y otra vez los profesionales relacionados con el fintech. ¿Pero qué significa realmente? Un sandbox es, en el ámbito informático, una zona de pruebas cerrada, controlada y separada del entorno de producción. En estos ‘areneros’ se testean procesos de un modo seguro y aislado, con el fin de detectar y solucionar los fallos de un proyecto. Dentro de este entorno regulatorio controlado hay una autoridad supervisora que es la que permite que unos proyectos previamente seleccionados experimenten de forma libre. Este escenario es imprescindible para que desarrollos que van a aplicarse dentro del ámbito financiero y que están basados en la tecnología más innovadora realicen ensayos con usuarios reales de un modo seguro.
Dentro del sector de las plataformas de financiación participativa (PFP) se llevaba mucho tiempo reclamando la puesta en marcha de un sandbox regulatorio. La innovación empresarial siempre ha ido por delante del marco regulatorio. Cada día, surgen nuevos modelos de negocio que la legislación actual no contempla, lo que hace que muchas iniciativas pioneras se queden en el camino por culpa de las lagunas legales. Según el último mapa fintech en España, correspondiente a mayo de 2021, ya existen 475 empresas de este tipo en nuestro país. Las autoridades supervisoras son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Son las responsables de vigilar el comportamiento de estas innovadoras empresas dentro de este entorno antes de crear una normativa específica que les permita operar en el mercado real. De este modo, se fomenta el emprendimiento sin descuidar los derechos del consumidor.
El sandbox regulatorio en España forma parte de la Ley para la transformación digital del sistema financiero. Las empresas interesadas en operar dentro de este entorno de pruebas deben presentar una memoria justificativa detallada
La evolución del sandbox español ha sido lenta. A finales de julio de 2018, el Ministerio de Economía presentó a consulta pública el ‘Anteproyecto de Ley de transformación digital del sistema financiero’. Los objetivos del Gobierno eran, tal y como recogía el texto «la protección de datos de carácter personal, la protección a los usuarios de servicios financieros y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo». Tras la recogida de opiniones, cerrada en septiembre de ese mismo año, el Gobierno mostró su intención de aprobar la ley. Sin embargo, los movimientos electorales dejaron el asunto en pausa. Tuvimos que esperar a febrero de 2020 para que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y lo elevara a las Cortes, donde la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados la aprobó por unanimidad en septiembre. Finalmente, el camino de esta normativa terminó en Senado con la aprobación final de la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero.
Tal y como expone el preámbulo del texto legal, su promulgación viene a cumplir dos objetivos principales. Por una parte, se busca «garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo óptimamente con sus funciones en el nuevo contexto digital». Asimismo, este entorno de pruebas cumple la finalidad de «facilitar el proceso innovador a fin de lograr un desarrollo más equitativo mediante el mejor acceso a la financiación de los distintos sectores productivos y la captación de talento en un entorno tecnológico internacional altamente competitivo».
El sandbox regulatorio comienza con una convocatoria de acceso, en la que se presentan los proyectos susceptibles de entrar en este banco de pruebas mediante una solicitud a través de la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. El Tesoro tiene publicada una guía de presentación de solicitudes muy útil que puede servir de ayuda. Dicha solicitud debe acompañarse de una memoria justificativa donde se explique el proyecto y se detalle el cumplimiento de los requisitos planteados en la ley, siendo el principal que el proyecto «aporte una innovación de base tecnológica aplicable en el sistema financiero y que se encuentre suficientemente avanzado para probarse». Igualmente, hay que recoger en esta memoria cómo se va a cumplir con el régimen de garantías, protección de los participantes y seguimiento de las pruebas. Por último, si se superan las pruebas con resultado positivo, se obtendría la autorización o licencia para que el proyecto opere en el mercado real.
El objetivo es que la innovación financiera no se vea obstaculizada por el marco jurídico, creando un entorno seguro y de colaboración con las autoridades supervisoras. Para el crowdlending, el sandbox es una gran oportunidad
El sandbox permite a las empresas monitorizar todo el proceso con el fin de reducir los riesgos al mínimo. De este modo, el marco jurídico no actúa como un freno, sino que se adapta y responde a sus demandas. Al mismo tiempo, el periplo administrativo, que acababa por agotar a muchos emprendedores, se agiliza y no pone en riesgo la viabilidad del negocio. Además, este espacio supone un intercambio de conocimientos muy importante, dado que las autoridades competentes salen de su zona de confort, brindándoles la oportunidad perfecta para conocer al detalle nuevas fórmulas que se alejan de las actividades tradicionales, pero que pueden encontrar ámbitos de colaboración con las mismas realmente fructíferos. Esta experiencia no es solo un gran ocasión para investigar cómo funcionarían y qué retos regulatorios plantean las nuevas ideas financieras, sino que es una puerta de entrada a la inversión institucional muy interesante.
La presentación de solicitudes para la primera convocatoria tuvo lugar entre el 13 de enero de 2021 y el 23 de febrero de 2021. Se recibieron un total de 67 solicitudes, siendo 18 las que recibieron una evaluación previa favorable. La segunda convocatoria, que se abrió del 1 de septiembre al 13 de octubre de 2021, está pendiente de resolución. La puesta en marcha del sandbox regulatorio en España ha sido una gran noticia para las fintech, y por supuesto, para el crowdlending. Esta especie de experiencia piloto con usuarios reales es capaz de elevar la confianza del inversor hacia la financiación alternativa, además de darle un abanico más amplio para gestionar sus ahorros. Al mismo tiempo, los supervisores toman una mayor conciencia del ecosistema financiero emergente, asimilando sus implicaciones en la economía real y aumentando la competencia.
